En un contexto de crisis económica, social y cultural como el que atraviesa nuestro país, una de las consecuencias más notorias es la exclusión educativa de los adolescentes y jóvenes que no pueden efectivizar el derecho a la educación.

El acceso a la educación es uno de los mecanismos fundamentales de inclusión social de las personas. Es un derecho, pero también un medio que habilita a las personas para el ejercicio de sus derechos. Por ese motivo garantizar a todos nuestros jóvenes el acceso a la educación permitirá mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados.

La exclusión educativa tiene también formas diversas: desde la imposibilidad de acceder al sistema formal de educación, pasando por la pérdida de pertenencia, hasta sufriendo la “exclusión inclusiva”, referida a la situación de los que están aparentemente incluidos en el sistema, pero no pueden acreditar sus aprendizajes y luego abandonan.

En este momento es prioritario construir contextos educativos que permitan ser a los jóvenes protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje y actores críticos de su propia inserción histórica. Pensándolo más integralmente supone un modelo organizacional cuya gestión democratizadora redunde en beneficio de la acción protagónica de los diferentes actores involucrados en el Proyecto de Educación No Formal.

Para que la escuela pueda abordar este desafío es necesario, desde el pensamiento de M. APPLE (1987) establecer “Centros de ingeniería democrática”. Su discurso posibilista se entrelaza con el H. GIROUX que constituye su utopía sobre los ejes que se relacionan dialécticamente: la definición de las escuelas como esferas públicas democráticas y la revisión de los profesores como intelectuales transformativos (GIROUX, 1997) como condición de base para el fomento de la autonomía intelectual y moral a través de una actividad crítica y reflexiva que desoculte la meritocracia que nutre la clasificación excluyente y la desigualdad.